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Por ahora sólo es un borrador, pero la futura Ley de Aguas de Andalucía está dando mucho que hablar. La norma, con la que la región se adaptará a la directiva europea, pretende igualar el precio del suministro en todos los municipios de la comunidad y, además, sancionará a los consumidores que derrochen este recurso. Pero, ¿cómo afectará este documento a los usuarios malagueños?
Las asociaciones de consumidores lo tienen claro: «Que se preparen los usuarios porque la factura del agua va a subir mucho; además del recibo habitual de Emasa, vamos a tener que pagar a la Junta de Andalucía», indica María Huelin, abogada y vicepresidenta en Málaga de la Asociación de Consumidores y Amas de Casa Al-Andalus. El borrador de la ley está actualmente admitido a trámite y se prevé su aprobación a finales de año, así que este incremento no se producirá hasta 2011. Pero la perspectiva supone un duro mazazo para el bolsillo de los ciudadanos.
Cuota fija y cuota variable
En el texto provisional, la Junta establece el pago de una cuota fija de un euro al mes por usuario. A esto se le sumaría una cuota variable, que dependerá del consumo de la vivienda para la que establece tres tramos: de 2 a 10 metros cúbicos (se cobrarán 0,10 euros al mes por cada metro), de 10 a 18 metros cúbicos (se facturarán a 0,20 euros) y si se superan los 18 metros cúbicos el coste se elevará a los 0,60 euros. De esta forma, se penaliza el consumo excesivo con un precio más elevado. Además, se establece la necesidad de crear un censo para atender al número de personas por vivienda para ajustar los tramos.
Según cálculos realizados por este periódico, para una familia de cuatro componentes con un consumo máximo de 18 metros cúbicos al mes la subida supondría 3,6 euros de cuota variable y 4 euros de cuota fija, es decir, 7,6 euros. Pero además, el borrador indica que los usuarios también tendrán que pagar una serie de cánones para sufragar las inversiones en infraestructuras hídricas. En total, la cuenta ascendería a 8 euros mensuales, 96 al año.
«Esta ley tiene muchas lagunas; además del incremento de la Junta Emasa también acabará subiendo los precios, porque tendrá que hacerse cargo de la aplicación de la norma y, al final, revertirá en el consumidor», asegura Huelin. El propio director general de Emasa, José Luis Rodríguez, apunta en este sentido. Con la ley, las empresas municipales de agua se convierten en intermediarios entre la Junta y los ciudadanos. «Nos exigen que realicemos un censo de las personas por vivienda que obligará a poner una oficina de atención al ciudadano; además, la Junta nos pide ese impuesto por el agua que pone en servicio Emasa, pero no tiene en cuenta las pérdidas de agua en la red, las comunidades que tienen un único contador común o a los ciudadanos morosos, a los que tendremos que seguir pagando su parte», indica Rodríguez. El resultado, dice, es que la empresa tendrá que equilibrar las cuentas a costa de los consumidores en el recibo habitual.
«Al final, lo que quiere la Junta es controlar y centralizar la gestión del agua», opina Manuel Sánchez, presidente de la asociación de consumidores Facua. Tampoco están conformes con la financiación de la infraestructura por parte de los ciudadanos. «Lo que va a ocurrir es que Málaga, que ha hecho los deberes en materia de agua y ha invertido a nivel local para mejorar el suministro, y ha estado cobrando a los malagueños por ello, terminará pagando la inversión de otros pueblos o ciudades que llevan años sin invertir en estos recursos, pero que también han pagado menos por metro cúbico», critica Rodríguez. Parece que las aguas de esta ley vienen revueltas.
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Las asociaciones de consumidores lo tienen claro: «Que se preparen los usuarios porque la factura del agua va a subir mucho; además del recibo habitual de Emasa, vamos a tener que pagar a la Junta de Andalucía», indica María Huelin, abogada y vicepresidenta en Málaga de la Asociación de Consumidores y Amas de Casa Al-Andalus. El borrador de la ley está actualmente admitido a trámite y se prevé su aprobación a finales de año, así que este incremento no se producirá hasta 2011. Pero la perspectiva supone un duro mazazo para el bolsillo de los ciudadanos.
Cuota fija y cuota variable
En el texto provisional, la Junta establece el pago de una cuota fija de un euro al mes por usuario. A esto se le sumaría una cuota variable, que dependerá del consumo de la vivienda para la que establece tres tramos: de 2 a 10 metros cúbicos (se cobrarán 0,10 euros al mes por cada metro), de 10 a 18 metros cúbicos (se facturarán a 0,20 euros) y si se superan los 18 metros cúbicos el coste se elevará a los 0,60 euros. De esta forma, se penaliza el consumo excesivo con un precio más elevado. Además, se establece la necesidad de crear un censo para atender al número de personas por vivienda para ajustar los tramos.
Según cálculos realizados por este periódico, para una familia de cuatro componentes con un consumo máximo de 18 metros cúbicos al mes la subida supondría 3,6 euros de cuota variable y 4 euros de cuota fija, es decir, 7,6 euros. Pero además, el borrador indica que los usuarios también tendrán que pagar una serie de cánones para sufragar las inversiones en infraestructuras hídricas. En total, la cuenta ascendería a 8 euros mensuales, 96 al año.
«Esta ley tiene muchas lagunas; además del incremento de la Junta Emasa también acabará subiendo los precios, porque tendrá que hacerse cargo de la aplicación de la norma y, al final, revertirá en el consumidor», asegura Huelin. El propio director general de Emasa, José Luis Rodríguez, apunta en este sentido. Con la ley, las empresas municipales de agua se convierten en intermediarios entre la Junta y los ciudadanos. «Nos exigen que realicemos un censo de las personas por vivienda que obligará a poner una oficina de atención al ciudadano; además, la Junta nos pide ese impuesto por el agua que pone en servicio Emasa, pero no tiene en cuenta las pérdidas de agua en la red, las comunidades que tienen un único contador común o a los ciudadanos morosos, a los que tendremos que seguir pagando su parte», indica Rodríguez. El resultado, dice, es que la empresa tendrá que equilibrar las cuentas a costa de los consumidores en el recibo habitual.
«Al final, lo que quiere la Junta es controlar y centralizar la gestión del agua», opina Manuel Sánchez, presidente de la asociación de consumidores Facua. Tampoco están conformes con la financiación de la infraestructura por parte de los ciudadanos. «Lo que va a ocurrir es que Málaga, que ha hecho los deberes en materia de agua y ha invertido a nivel local para mejorar el suministro, y ha estado cobrando a los malagueños por ello, terminará pagando la inversión de otros pueblos o ciudades que llevan años sin invertir en estos recursos, pero que también han pagado menos por metro cúbico», critica Rodríguez. Parece que las aguas de esta ley vienen revueltas.
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